Por supuesto, una economía ambientalmente sostenible requiere regulaciones para que las consecuencias de la escasez de un recurso o de la acumulación de un contaminante no percutan demasiado tarde. Como concluí hace un par de años, la tecnología y el mercado por sí solos reaccionan a los problemas ambientales con un desfase temporal (escasez, aumento de coste, reasignación económica, solución técnica). El objeto de las regulaciones económicas en materia ambiental es anticiparse.

Ahora bien: no es buena cualquier política de incentivación o desincentivación por el mero hecho de tener el fin noble de evitar la contaminación o la escasez de recursos. A veces, la política ambiental acaba consiguiendo el efecto contrario al perseguido.

Ya vimos en el caso del diésel el error de la Unión Europea al favorecer, con su política de límites de emisión, los vehículos con motor diésel. El inusual triunfo de estos coches en Europa, y particularmente en España, pasa factura. Los madrileños siguen sufriendo problemas de smog a pesar de las restricciones al tráfico. Si no me creen a mí, pueden echar un vistazo a este artículo de Pablo León en El País:

Aunque la combustión del carbón, del petróleo o del gas natural genera óxidos de nitrógeno, el foco principal de este contaminante en ciudades son los motores diésel. Si bien son más eficientes energéticamente hablando —de ahí que en los noventa fueran promocionados a bombo y platillo—, generan emisiones muy altas. A pesar de ello, son mayoritarios. En la Comunidad de Madrid los diésel representan el 58% del parque móvil, según datos de la Dirección General de Tráfico. El 63% de los turismos matriculados en lo que va de 2016 son de gasoil.

Un ámbito muy distinto donde ha sucedido algo muy similar, afortunadamente mucho más fácil de remediar, es el de los envases en la industria alimentaria.

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